. La comisión de valoración de las víctimas de abusos policiales, constituida a instancias del Parlamento Vasco, ha solicitado que se estudie ampliar la concesión de ayudas a damnificados por personas no identificadas como agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. En este colectivo podrían entrar las personas que sufrieron la acción violenta, por ejemplo, del Batallón Vasco Español, de incontrolados, de grupos parapoliciales, entre otros, ya que las víctimas de los GAL sí que están reconocidas al tener este grupo consideración de terrorista.
La comisión de valoración, creada en julio del año pasado, ha remitido al Parlamento Vasco un documento en el que hace una serie de recomendaciones. En su último informe, la comisión plantea la ampliación de los supuestos a los abusos cometidos por personas no identificadas como agentes policiales y que, al mismo tiempo, "no tienen cabida" en la legislación estatal y autonómica de víctimas del terrorismo. Esta propuesta se hace después de que el Gobierno español haya decidido reformar la Ley estatal de Víctimas para evitar que personas que hubiesen desarrollado una actividad violenta pudieran acceder a las prestaciones  (con la clara intención de evitar que los militantes de ETA asesinados por las fuerzas represoras franquistas o muertos en enfrentamientos o emboscadas con las mismas puedan ser considerados como víctimas del Estado mientras que sí se consideran víctimas del terrorismo a los miembros de esas fuerzas represivas fallecidos en similares circunstancias). La comisión también plantea completar, cuanto antes, la normativa que permita el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en el contexto de violencia política hasta la actualidad, ya que el decreto en vigor se limita al periodo entre 1960 y 1978.
Además, se reclama al nuevo Gobierno vasco la suficiente dotación económica para las compensaciones este año y que se asigne el personal específico para buscar documentación a otros órganos públicos o instituciones para pedir las compensaciones, "ante las grandes dificultades que entraña su obtención".
Las indemnizaciones previstas por el Gobierno vasco oscilan entre los 390.000 euros por gran invalidez, 135.000 euros por fallecimiento y entre 95.000 y 35.000 euros, según el grado de la incapacidad que haya sufrido la víctima.